02-04-2018
27 de octubre de 2016
Habíamos dicho en anteriores oportunidades que en el Derecho Deportivo se utilizan denominaciones que pecan de excesiva generalidad y que, por ende, carecerían de rigor para identificar una figura jurídica determinada. Sin embargo, han logrado en este especial ámbito efectivo reconocimiento y su uso reiterado las ha dotado de fuerza identificatoria y representativa de esas figuras o institutos jurídicos.
Por ejemplo, los llamados “derechos económicos”. Sin duda que esta denominación, en otros ámbitos jurídicos, nada relevante indicaría en orden a una concreta identificación, más allá de su referencia general a derechos de contenido patrimonial. Sin embargo, cuando en Derecho Deportivo se utiliza la acepción “derechos económicos” inmediatamente sabemos que se está aludiendo a “derechos eventuales, condicionales, en expectativa, que pueden o no cristalizarse en beneficios concretos, pero que integran indudablemente el activo de un club deportivo”[1]. Nacen con la relación jurídica entre club y jugador y la condición a que se somete su exitosa concreción patrimonial es la transferencia onerosa del pase de ese futbolista mientras esté bajo contrato.
Casi siempre, junto a esta expresión se utiliza otra, los llamados “derechos federativos”, también criticada, pero de evidente cuño jurídico deportivo. Y, de la misma manera, cuando se utiliza esta expresión, en Derecho Deportivo, sabemos que se está aludiendo a los derechos que emergen de la inscripción federativa del vínculo con el futbolista, registración que permite su plena prestación en partidos oficiales a favor del club empleador.[2]
Ambos derechos, los económicos y los federativos, deberían en principio reconocer un mismo y único titular. En efecto, el club que tiene la relación con el jugador es el titular de los derechos federativos – que permiten la prestación deportiva oficial – y de los económicos, que subsisten en cabeza de ese club empleador hasta la extinción del vínculo contractual.
Esta situación fue variando y, por necesidades de captación de jugadores, o de financiamiento, o de concreción de una operación de transferencia de pase, los derechos económicos comenzaron a ser compartidos por el titular de los federativos con los propios jugadores contratados (para captarlos originalmente o para renovar los contratos), con terceros inversores (por necesidades financieras) y/o con los otros clubes cedentes (para concretar la transferencia de un pase).
De estos posibles cotitulares, uno ya no podría serlo a tenor del artículo 18 ter del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencias de Jugadores (RETJ): las personas físicas o jurídicas que no fueran otro club deportivo o el propio jugador.[3] Esta prohibición reglamentaria ha merecido cuestionamientos planteados ante justicia ordinaria nacional o comunitaria y, aún hoy, no han sido definitivamente resueltos en lo que hace al fondo.
Pero sí pueden ser cotitulares los clubes y los propios jugadores, ya que no están alcanzados por la mentada prohibición.
Precisamente, el fallo que motiva este artículo decidió a favor del club Vélez Sarsfield un caso de cotitularidad entre este club y Central Español de Uruguay, con referencia a la futura transferencia del jugador uruguayo Santiago Silva. El jugador había sido transferido originalmente por Central Español a Gimnasia y Esgrima de la Plata, reteniendo en esa oportunidad el club uruguayo un porcentaje de derechos económicos. El jugador fue luego transferido por Gimnasia a Vélez Sarsfield. En esta segunda oportunidad Central Español optó por no percibir monto alguno del precio y mantener el 50% de los derechos económicos.[4]
La relación de cotitularidad entre dos clubes supone un vínculo de duración de naturaleza asociativa, durante cuya vigencia hay uno que gestiona y ejecuta un contrato y otro que aguarda el acaecimiento de la condición consistente en la transferencia onerosa del pase del jugador.
Este último no puede interferir en la gestión del contrato laboral ni en la eventual transferencia del pase del jugador por expresa disposición del artículo 18 bis RETJ. [5]
Ahora bien, ¿qué obligaciones tiene el que gestiona el contrato – que llamaremos en adelante “titular principal” – frente al otro “cotitular” – así lo llamaremos en adelante - que no puede interferir en las decisiones del principal, pero sí exigir el cumplimiento de prestaciones de hacer y de no hacer? ¿Cuáles son estas prestaciones?
- El titular principal no debe extinguir el contrato de común acuerdo con el jugador. No lo debe hacer durante la ejecución del contrato. Distinta es la situación si se ha pactado cláusula de rescisión al celebrarse el contrato y luego el jugador la ejerce. En ese caso, a nuestro criterio, la suma que perciba el titular principal con motivo del ejercicio de la cláusula de rescisión pactada debe ser compartida con el cotitular de derechos económicos en el porcentaje correspondiente. Lo mismo cabe si la ruptura obedece a una decisión unilateral incausada del jugador y por ese motivo éste es condenado a pagar una indemnización de la que también debe participar, en su medida, el cotitular de derechos económicos. Se trataría en estos casos de un supuesto de subrogación real que trataremos en un próximo artículo.[6]
- Tampoco puede el titular principal extinguir unilateralmente el contrato sin motivo válido. O sea, no puede decidir y comunicar al jugador su despido sin exponer causa o arguyendo un motivo que luego se descarta como causa seria y fundada de distracto. En estos casos, el titular principal, además de afrontar la indemnización que le corresponderá al jugador afectado, también deberá responder frente al cotitular de derechos económicos.
- El titular principal no debe dar motivo válido para que el jugador extinga el contrato por justa causa.En realidad, puede formularse como una prestación positiva, es decir, el titular principal debe cumplir con sus obligaciones de empleador, como por ejemplo, el pago de salarios, brindar ocupación efectiva, respetar en todo momento la “personalidad del trabajador”.[7]
Si el titular principal infringe estas obligaciones es responsable por el perjuicio causado al cotitular. En verdad, ya sea por acción o por omisión en los supuestos arriba mencionados, ha causado la frustración del acaecimiento de la condición a que estaba supeditado el eventual beneficio del cotitular.
En esos casos se configura el supuesto que, en general, muchos ordenamientos positivos reconocen cuando una de las partes malogra el acaecimiento de la condición a la que estaba ligado el beneficio de su co-contratante.
Y para que esta responsabilidad sea efectiva el cotitular no está constreñido a prever en el contrato esos supuestos de defección contractual del titular principal. En efecto, las obligaciones mencionadas derivan del principio genérico de buena fe, de la honestidad o diligencia exigibles a quienes, de alguna manera, gestionan en interés propio y ajeno. Esa pauta de conducta es una derivación específica del principio general de buena fe, a través de la imputación de responsabilidad por la frustración negligente o maliciosa de la condición a que se somete el beneficio económico del contrato. En realidad, cuando esa frustración acontece se tiene por cumplida la condición malograda, por lo que el responsable debe cumplir la prestación sometida a esa condición frente a su co-contratante.[8]
Hemos destacado estas prestaciones a cargo del titular principal porque, en varios casos de cotitularidad, la jurisprudencia del TAS ha sido errática, contradictoria y hasta confusa.[9]
Ahora bien, sabemos entonces que el cotitular no puede intervenir en la gestión. Pero, también, que el titular principal debe cumplir con ciertas prestaciones para no incurrir en responsabilidad. Sin embargo, en algunos casos, el cotitular pretende el cumplimiento de ciertas prestaciones a las que, en verdad, el titular principal no está obligado. Veamos
- No está obligado a renovar permanentemente la vigencia de la relación con el jugador a través de la celebración de nuevos contratos antes del vencimiento del plazo del anterior. En efecto, el cotitular sabe muy bien que su derecho culmina con el vencimiento del plazo del contrato laboral vigente al momento de acordar su porcentaje con el titular principal. Si éste renueva su vínculo laboral con el jugador a través de nuevo contrato celebrado antes del vencimiento del original, mejor será para el cotitular, pero no es una prestación – esa renovación – exigible al titular principal.
- No está obligado a tolerar incumplimientos o agravios del jugador que no consientan la prosecución de la relación laboral. En efecto, si bien, como dijimos, el titular principal no puede despedir al jugador sin causa válida, sí puede hacerlo cuando se verifican motivos suficientes y fundados para extinguir unilateralmente la relación. Esto produciría la extinción de los derechos económicos para ambos clubes, pero, como también dijimos, la cotitularidad se trasladaría entonces a la indemnización que puede reclamar y conseguir el club perjudicado por la ruptura a que dio motivo el jugador.
Hemos visto hasta ahora lo que – a nuestro criterio – el cotitular puede o no exigir al titular principal en lo relativo a la ejecución del contrato laboral que origina el nacimiento de los derechos económicos.
Pero, a su vez, ¿qué obligaciones tiene el titular principal frente al cotitular cuando se presenta la posibilidad de transferencia onerosa del pase del jugador?, ¿debe informarlo de esa circunstancia?, ¿debe consultarlo sobre las condiciones económicas ya que de ellas depende la entidad del beneficio porcentual?
Además, si, en su caso, el titular principal en esa transferencia de pase pretende ceder sólo un porcentaje de derechos económicos y retener una porción para transformarse él mismo en socio del nuevo club adquirente, ¿cómo se liquidaría el porcentaje del cotitular?
O, planteándose otra hipótesis, si el titular principal sólo pretende ceder los derechos federativos y su propio porcentaje de derechos económicos, ¿puede obligar a su cotitular a ser “socio” del nuevo club adquirente?
Por último, el titular principal debe liquidar al cotitular el neto del producido económico de una transferencia, pero ¿puede deducir cualquier concepto o existen límites en ese sentido y topes lógicos para asignarle a cada rubro?
Todos estos interrogantes e hipótesis atañen a un momento querido por ambos titulares: la transferencia onerosa del pase del jugador. El momento de cristalización exitosa de los derechos económicos que detentan conjuntamente. Pero en ese momento, que no es ya el de la ejecución del contrato laboral con el jugador, sino el del negocio jurídico con el nuevo club adquirente, también el titular principal debe observar pautas de conducta que derivan del principio general de buena fe.
La respuesta a estos interrogantes, así como lo relativo a la subrogación real en caso de indemnización por ruptura o ejercicio de clausula de rescisión, lo trataremos, como dijimos, en un próximo articulo.
Volvamos al plano de la ejecución del contrato laboral entre titular principal y jugador y a lo que puede exigir o no el cotitular, a la luz, ahora, de lo que determinó el TAS en el caso Vélez c/ Central Español.
En este caso, el contrato laboral entre el titular principal (Vélez) y el jugador (Silva) se había extinguido por vencimiento del plazo. Luego de la extinción contractual, las partes, algunos días después, firmaron un nuevo contrato laboral deportivo por un plazo de dos años. Durante la vigencia de este último contrato Vélez transfirió a Silva al club Fiorentina de Italia. El cotitutal de derechos económicos (Central Español) le reclamó a Vélez el porcentaje de cotitularidad que, según el club uruguayo, le correspondía. Vélez contestó a ese reclamo afirmando que el derecho de Central Español se había extinguido con la expiración del plazo del primer contrato. Y que la suscripción del nuevo contrato posterior no hacia renacer los derechos del cotitular.
Central Español promovió pleito en FIFA sosteniendo su reclamo porcentual. Sostuvo varios argumentos, algunos contradictorios entre sí. Pese a ello, el TAS los trató y los descartó uno a uno, para darle plena razón a la posición de Vélez Sarsfield. Veamos
- Central Español dijo, entre otras cosas, que no existía ninguna previsión específica que dispusiera que su porcentaje de cotitularidad de derechos económicos se extinguiría con la expiración del plazo del primer contrato de trabajo entre Vélez y Silva. Y que, por ello, sus derechos económicos estarían vigentes siempre que el jugador fuera transferido por Vélez a otra institución, independientemente de la vigencia o extinción del primer contrato laboral del que emergía su porcentaje de cotitularidad.
Con respecto a esta argumentación de Central Español el TAS fue tajante: el derecho de Central Español al 50% de los ingresos derivados de la futura transferencia de Silva estaba sujeto a la vigencia del primer contrato laboral entre el jugador y Vélez. Que Central Español era totalmente consciente de esa circunstancia al firmar el acuerdo de cotitularidad con Vélez. Y que, además, ese acuerdo entre clubes no contemplaba en ningún momento la obligación de Vélez de transferir a Silva a un tercer club antes de que expirara el primer contrato laboral ni tampoco la obligación de extender la relación laboral cuantas veces sea necesario hasta que finalmente el jugador fuera transferido a un tercer club.
- Otro argumento de Central Español radicaba en imputar a Vélez infracciones a un supuesto deber de información relativa a la vigencia del contrato con el jugador y a su eventual transferencia.
Con referencia a este punto, el TAS destacó que Central Español no demostró haber actuado con la mínima diligencia ni haber requerido a Vélez información sobre la situación contractual del jugador pese a estar perfectamente al tanto de la fecha de vencimiento del contrato laboral.
- Por último, también el club uruguayo afirmó o sugirió en el pleito una suerte de colusión, de concilio fraudulento entre titular principal y jugador consistente en haber acordado una renovación del contrato laboral antes de su vencimiento, pero, sin embargo, haber dilatado la formalización de esa renovación para recién hacerlo luego de la expiración del plazo del anterior contrato. De tal manera, si se consideraba que los derechos económicos de Central Español se extinguían con el vencimiento de ese plazo contractual, se habrían vulnerado fraudulentamente sus derechos de cotitular.
Al respecto el TAS destacó que en el pleito se probó que fue imposible para Vélez, tras la destacada actuación del jugador y las consecuentes ofertas de otros clubes, evitar que expirara el contrato laboral. Y que, además, para Vélez esto no fue beneficioso ya que, por un lado, tuvo que reconocerle al jugador condiciones mucho más favorables en su segundo contrato, y, por otro, tuvo que acceder a fijar – por exigencia del jugador- una clausula de rescisión baja que luego motivo la ida del jugador a Fiorentina pese a los intentos de Vélez en sentido contrario. O sea, que Central Español no sólo no probó lo que aducía, sino que fue Vélez el que demostró que su conducta no justificaba en absoluto la imputación formulada por el demandante.
Como vemos, en definitiva, un nuevo fallo del TAS que ratifica – a nuestro criterio – la correcta doctrina en materia de derechos económicos. Su nacimiento, su extinción, las relaciones entre cotitulares y sus reciprocas obligaciones. Y, de paso, además, algunas precisiones sobre la carga de la prueba y sobre la posibilidad de requerir, con posterioridad a la audiencia, la producción de otras medidas conducentes para el mejor esclarecimiento de los hechos debatidos.[10]
[1] Crespo, Daniel “La interacción entre las fuentes del Derecho Deportivo y sus transformaciones” Cuadernos de Derecho Deportivo N°11/12, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2010.
[2] Según García Silvero, la inscripción del vinculo “viene a ser el acto por el cual los clubes dan de alta a un deportista perteneciente a su disciplina en virtud de un contrato laboral suscripto entre las partes” García Silvero, Emilio “La extinción de la relación laboral de los deportistas profesionales” Ed. Aranzadi, 2008.
[3] Ya hemos tenido oportunidad de referirnos a esta prohibición reglamentaria en anteriores trabajos. “Terceros propietarios de derechos económicos (TPO) ¿Futura prohibición de FIFA? Titularidad e influencia. Adecuado contralor o prohibición”; así también en el trabajo “Un reciente fallo del TAS sobre derechos económicos y la futura prohibición de FIFA”; y, de la misma manera, en “La prohibición de cesión de derechos económicos a terceros. Análisis de la legalidad, oportunidad y conveniencia de la decisión de FIFA”. Todos estos artículos fueron publicados en nuestro blog los días 6 de Octubre de 2014, 28 de Octubre de 2014 y 16 de mayo de 2015 respectivamente.
[4] Club Atlético Vélez Sarsfield c/ Club Central Español. Laudo del TAS del 20 de Septiembre de 2016
[5] Artículo 18 bis RETJ: “Ningún club concertará un contrato que permita al/los club(es) contrario(s) y viceversa o a terceros, asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club”.
[6] En el próximo articulo nos detendremos en la aplicación de esta figura que supone la sustitución jurídica de un bien por otro en el patrimonio del mismo sujeto, en este caso, del que llamamos “cotitular” de derechos económicos.
[7] Así lo consagra el artículo 328 del Código de las Obligaciones suizo que, en verdad, enuncia un principio general rector en materia laboral.
[8] Así lo dispone, por ejemplo, el art. 156 del Código de las Obligaciones suizo: “La condición se considera cumplida cuando una de las partes ha impedido su acaecimiento en violación de las reglas de la buena fe”. Con el mismo criterio nuestro actual Código Civil y Comercial en su artículo 347 advierte que “en todo supuesto, mientras la condición no se haya cumplido, la parte que constituyó o transmitió un derecho debe comportarse de acuerdo con la buena fe, de modo de no perjudicar a la contraparte”.
[9] Así, por ejemplo, en el caso “TAS 2012/A/3012 Boca Juniors v. Corinthians Paulista”, a propósito de la transferencia del jugador Tevez, el TAS llego a decir, en contradicción con precedentes anteriores, que la extinción voluntaria del contrato laboral por via de acuerdo entre club y jugador era un acto licito y que, por lo tanto, el titular principal no era responsable frente a su cotitular de derechos económicos. Evidentemente, en ese caso, el TAS no tuvo en cuenta que esa extinción anticipada de contrato significaba, a nuestro criterio, la configuración lisa y llana del supuesto tipificado en el art. 156 CO, ya que determinó la frustración de la condición que beneficiaba a la contraparte, en violación de las reglas de la buena fe.
[10] Así, también, por ejemplo, ocurrió en el caso de la habilitación del jugador menor Bentancur a favor de Boca Juniors. En efecto allí el TAS solicitó luego de la audiencia y antes de emitir el laudo, la producción de prueba tendiente a demostrar la radicación del grupo familiar del jugador menor. El tema fue tratado en articulo anterior publicado en nuestro blog el 14 de enero de 2015 “El joven Bentancur en Boca. Los antecedentes de su registración como extranjero menor de 18 años”
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